Hasta el momento no se han registrado proyectos bajo el marco de esta ley en Nicaragua. Esto falta para iniciar con alianzas a favor de las infraestructuras.
El pasado 5 de octubre del año 2016 en Nicaragua, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaban la Ley de Asociación Público-Privada (APP), que permitirá mayores inversiones en proyectos estratégicos para el país, para el sector esta ley consiste en la promoción de proyectos público-privados que regulen y estimulen las inversiones de largo y mediano plazo.
“Desde las perspectivas en que son definidas las APP y el marco normativo contenido en esta ley, esta permite la financiación de infraestructura y servicios públicos requeridos por la población nicaragüense, haciendo uso de capital privado para su previsión en un esquema que implica la distribución de los riesgos del proyecto entre las partes y el desarrollo de esquemas de remuneración asociados a la disponibilidad y nivel de servicios”, refiere el argumento de ley.
Para el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), “esta iniciativa viene a responder a la necesidad de fortalecer la competitividad de nuestro país, lo que había sido una demanda permanente de nuestras agendas gremiales por años, reafirmada en la Encuesta de Empresas Sostenibles realizada recientemente”.
A pesar de las distintas declaraciones de diversos actores sobre los beneficios de la APP en Nicaragua, aún no se ha podido concretar un proyecto dentro de este marco jurídico.
¿Han impulsado proyectos?
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción, el Ing. Rodrigo Pereira refirió que hace falta voluntad para iniciar a desarrollarse proyectos dentro del marco de la APP.
“Hemos querido nosotros seguir promoviendo la ley, tuvimos un taller con el Banco Mundial para hacer un llamado a los inversionistas extranjeros de cualquier lado del mundo, pero creemos que se ha detenido un poco. Esto es un tema que tenemos que ver como sector privado, pero realmente no está en nuestras manos 100%”, añadió Pereira.
Además, Pereira agregó que a pesar de las diferentes oportunidades de promoción para realizar proyectos de este tipo, aún no se ha podido concretar alguno.
Ante esto José Adán Aguerri dice en su artículo que “Para Cosep esta ley promoverá la competencia entre los inversores y garantizará un efectivo control social, que permitirá someter al escrutinio de los ciudadanos y la opinión pública todos estos procesos, que bien ejecutados estamos convencidos beneficiarán a toda la nación”.